La nueva Ley de Migración y Extranjería, aparentemente aprobada al margen de la agenda política, ha dejado muchos vacíos, pero el que más se resiente es el de derechos humanos, según el balance que hacen dos conocedores del tema: el presidente de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, Jorge Estrada Silva, y Martha Cranshaw, también miembro de la red de migrantes
Casi cinco años durmió y deambuló por la Asamblea Nacional la nueva Ley de Migración y Extranjería. Sus alcances y detalles son tan inciertos como hace unos meses. Ni la Comisión de Gobernación que la dictaminó, ni la Primera Secretaría del Parlamento ofreció la Ley tal como fue aprobada.
Algunas de las consideraciones presentadas se basan en la información recabada y ofrecida durante las consultas de la nueva legislación. Aún así, de algo se está muy claro, no tiene enfoque de derechos humanos, promueve la migración ilegal, y no se parece en nada a aquella iniciativa que la Red de Migrantes presentó junto a la Comisión de Municipios en 2006.
El presidente de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, Jorge Estrada Silva, señala que la Ley Orgánica de Migración y Extranjería unificó toda la legislación existente sobre el tema que se encontraba disgregada en varias leyes.
“Tristemente”, según Estrada, la Ley recoge la parte más negativa y punitiva en contra de los migrantes, e incluso las normativas anteriores, que no eran tan benéficas, tenían algunos aspectos positivos que han sido cercenados.
Cobros empeorarán situación de nicas ilegales
Estrada señala que el aumento del cobro en los trámites para los emigrantes promoverá la salida ilegal del país, algo que revertiría una tendencia a optar por los documentos, que aumentó entre 2002 y 2004, según estudios de la organización que preside.
Parte de las nuevas disposiciones son el aumento del valor del pasaporte de 350 a 750 córdobas, y el pago de la visa a los niños en 300 córdobas, la cual no tenía ningún arancel en las disposiciones anteriores.
Para Martha Cranshaw, también de la Red de Migrantes, peor aún, es la situación de quienes están en condición de ilegales en Costa Rica, Estados Unidos y España. Además de las condiciones de castigo y de los altos costos para regularizarse, Nicaragua, su país, también aumenta los costos, y ni siquiera entrega pasaportes en los consulados.
Legaliza diferencia de clases
Cranshaw y Estrada plantean su preocupación porque un servicio público discrimine en clases, para el acceso a derechos. Ella señala que quien pueda pagar más dinero por sus documentos lo obtendrá en menor tiempo y con mayor facilidad, es decir, tendrá acceso a un derecho solo por poseer más recursos que otro ciudadano. Tal procedimiento en un servicio público y en un área tan sensible para el país como migración, es considerado por algunos como un sistema abierto de coimas.
“Nos preocupa que en términos prácticos eso señala diferencia de clases, de ciudadanía, si podés pagar, tenés acceso a un derecho de manera distinta respecto de aquella persona que tiene menos dinero. Eso es desigualdad ante la Ley, porque se trata de un servicio público”, señala Cranshaw.
Trasfondo financiero
El vicepresidente de la Comisión, de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Filiberto Rodríguez, planteó durante una de las discusiones en la Comisión, que la Ley traía un enfoque de Derechos Humanos. Según él, el precio sería menor que el anterior y mucho más factible. Señala que si bien actualmente cuesta 350 córdobas, si se incluyeran los precios del pasaje, la cantidad de llegadas a las oficinas de migración, las renovaciones valoradas en 155 córdobas en dos ocasiones, la sumatoria superaría los un mil córdobas. En ese sentido, señala que el nuevo documento, con valor de 750 córdobas tendrá validez por 10 años, y no será necesario revalidarlo continuamente.
“La discusión estuvo trabada, los diputados siempre defendimos la idea de que el cobro a los pasaportes estaba en lo correcto. Lo que nos faltó fue dar una explicación pública”, consideró Rodríguez.
Pero Estrada ve un trasfondo financiero en el que se aprovecha y multiplica los gastos de los nicaragüenses. Pues, por un lado, Migración y Extranjería, recibe dinero directamente del Presupuesto General de la República, PGR, y por otro, el pago por los servicios. Ahora, el arancel por la visa de salida de menores será en dependencia de si es por tres meses o seis, o un año, y la cifra oscilará entre 300, 700 y 1,000 córdobas respectivamente.
Dinero para Migración y Extranjería
Estrada señala que en el proyecto de Ley se estableció que el dinero recaudado por servicios y multas irá a una cuenta corriente que será entregada directamente a Migración y Extranjería. Según las autoridades de Gobernación será para gastos de modernización.
“Una cosa es que el Estado adopte mecanismos de protección para que el niño no sea sacado del país por razones de trata, con lo cual estamos de acuerdo --pero para eso se adoptan mecanismos--, y otra es querer sacarle plata”, dijo Estrada.
Cranshaw considera que el fondo de los servicios migratorios debiera entrar al PGR, de donde se pudiera distribuir mejor, o como en Costa Rica, que se destina a un fondo para el desarrollo de la población emigrante. Además, resaltó que el argumento de migración del aumento de la calidad y de la seguridad de la libreta no es válido, pues los mismos estándares son utilizados en Centroamérica, México y Estados Unidos. Con ello, fácilmente se puede comprobar que el precio en Nicaragua es superior.
Precios del pasaporte en Centroamérica
Si bien el valor del pasaporte en Costa Rica es de 50 dólares, Cranshaw señala que los ingresos son superiores y el promedio de empleados por familia es de dos, en comparación a un único ingreso familiar en Nicaragua. Así, por ejemplo, un maestro nuestro gana 150 dólares y en el mejor de los casos 200, mientras en Costa Rica su ingreso oscila entre 400 y 600 dólares. “Los precios deben ser acordes con la capacidad global del país”, señala la defensora de los migrantes.
Para Carlos Langrand, de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, la homologación no se corresponde con el desarrollo de la economía, cuando Nicaragua representa solo el 6% del PIB de Centroamérica. Así, los precios de los pasaportes varían, y el de El Salvador es el más barato: 12 dólares; le sigue Nicaragua, con 14 --y ahora la propuesta de 33--, luego sigue Honduras, con 35 dólares para menores y 50 para mayores, y Costa Rica y Guatemala, donde el precio del pasaporte es de 50 dólares.
“El gobierno está utilizando como un ingreso extraordinario la cantidad de migrantes nicaragüenses que salen en busca de trabajo, en vez de facilitarles (la salida) a quienes retornan con remesas a las familias más pobres; pareciera que buscamos cómo castigarles, y en eso no estamos de acuerdo”, consideró Langrand.
No hay política migratoria
Estrada señala que la migración no es un asunto únicamente de Gobernación, sino que debe existir una política migratoria de Estado, y algunos de sus aspectos beneficiosos debieron estar en la Ley. Ello involucraría a todos los poderes del Estado, pues a la fecha uno de los grandes responsables de las dificultades de los migrantes es el Consejo Supremo Electoral, CSE, con su deficiente sistema de cedulación.
Según Estrada, en Costa Rica hay muchos nicaragüenses que no pueden matricular a sus hijos en las escuelas por falta de documentación, aun cuando ese país les abre las puertas. Algunos menores no tienen partidas de nacimiento porque sus padres no tienen cédula o no están registrados.
Mientras, Cranshaw considera que los costos son una clara muestra de que habrá desestímulo a la migración regular, y con ello el acceso a derechos generales como el trabajo, la reunificación familiar y la protección en el país de destino.
En ese sentido, Estrada señala que la Ley debió contemplar aspectos sobre la migración laboral, que incluya mecanismos de cómo Migración junto al Ministerio del Trabajo velarán para que los derechos laborales de los nicaragüenses en el exterior estén en regla.
Los niños no cuentan en esta Ley
La Ley tiene otro vacío al no referirse a la protección de los niños traficados, tratados, o a la situación de ellos, cuando sus padres han sido deportados. También el asunto de la reunificación familiar. Muchos de estos aspectos los deja en manos del Código Penal, que según Estrada no se refiere a la trata de niños. Según él, resulta preocupante, pues hay muchas niñas en Guatemala y en Costa Rica y no se estableció ningún mecanismo de protección o de prevención.
Para Estrada, el Código Penal sólo establece mecanismos de acusación y de condena, y no de prevención. Esos elementos estaban en las leyes que fueron derogadas, y todo ello se perdió.
El tema de la reunificación familiar no ha existido nunca en Nicaragua, y la red tenía expectativas de que fuese incorporado en la nueva Ley Orgánica. Estas demandas son las mismas que se hacen a las leyes mexicanas, estadounidenses y costarricenses para proteger a los niños y a los adolescentes.
¿Y los derechos humanos?
Sobre cómo se tratará al inmigrante irregular en Nicaragua, según Cranshaw, parece que tuvo mayor valor el tema de la soberanía y de la seguridad en contra de la protección de los derechos humanos de los migrantes. Tal consideración, según ella, no es correcta, porque no tendríamos ningún reclamo a Estados Unidos por su política represiva, pues su argumento es exactamente el mismo.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Ruiz Jirón, y el diputado Filiberto Rodríguez, señalaron que la Ley tenía enfoque de derechos humanos, y estaría acorde con los tratados internacionales sobre el tema. Rodríguez asegura que se trata de buscar las condiciones para que se respeten los derechos elementales de los migrantes. La ley cambia el término de Centro de Retención a Albergue, lo que supondría un cambio fundamental en las condiciones de la estadía de un indocumentado en Nicaragua.
Tanto para Estrada como para Cranshaw, si no hay cambios en las condiciones de espacio, alimentación y una estadía en libertad, sólo será un cambio de nombre.
“Es una Ley que deja mucho que desear y está muy lejana de los derechos humanos, y es muy vacía. La mayor carga está en la parte orgánica, lo del dinero y la cuenta, pero, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Los consulados fueron débiles. Esta ley limitará mucho, significa un retroceso”, señaló Estrada.
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