La fiscal departamental de Rivas, Isolda Raquel Ibarra, continúa preocupada no sólo por el destino final de los 2 millones 197 mil 340 dólares incautados al ciudadano guatemalteco, Óscar Rafael González García, el pasado 31 de marzo, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, sino también por más de 500,000 dólares decomisados el año pasado a dos salvadoreños.
En una misiva al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, en la cual le propone una reunión para abordar esta situación sobre lo que END dio a conocer como el caso de las narcofortunas, expone la realidad de lo que ocurre, luego que las autoridades le caen a los narcotraficantes. “La coyuntura es propicia para someter a debate este tema, en tanto magistrados y jueces están siendo sometidos a revisión minuciosa de sus actuaciones, y hago mención del último caso de lavado de activos en Rivas, donde la juez de juicio suplente cambió, repentinamente, de un día para otro, su fallo de ‘no culpabilidad’ a ‘culpable’ bajo circunstancias desconocidas para mí”, agrega Ibarra en la carta a Centeno Gómez fechada el 7 de abril recién pasado.
Propongo, le escribe, sostener un encuentro que nos permita discutir con seriedad el caso y elaborar un documento que sea posteriormente revisado y autorizado por usted, que establezca las políticas de atención de estos casos y los estándares mínimos para la valoración de la investigación de los órganos de investigación, particularmente, de los órganos de inteligencia, tanto de la Policía, como del Ejército que dan pie a estos casos (…).
Lo anterior es indicativo de que la actuación de los jueces, así como de los órganos de inteligencia de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, en casos de lavado de dinero y narcoactividad, así como el desconocido destino de las narcofortunas incautadas, ha puesto en alerta a las autoridades del Ministerio Público y de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
EL NUEVO DIARIO tuvo acceso a una copia del oficio que envió Ibarra el 29 de noviembre de 2010, al jefe de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de Rivas, comisionado Óscar Alemán Márquez, en el cual le solicita que en el caso “del proceso investigativo seguido en contra de los ciudadanos salvadoreños Denis Antonio Salguera y Walter Edgardo Siete Villedo a quienes… en el puesto fronterizo de Peñas Blancas se les ocupó la cantidad de 519 mil 40 dólares… conforme a la Ley contra el Crimen Organizado, el dinero sea depositado en la cuenta única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal como se orientó por el Fiscal Auxiliar que atendió el caso”.
La Fiscal Departamental sustenta su petición al jefe de Auxilio Judicial de Rivas en los artículos 48 y 58 de la Ley contra el Crimen Organizado. Copia de toda esta documentación llegó a manos del presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, quien además ha solicitado más información al fiscal general Julio Centeno Gómez, ya que a la fecha la Policía Nacional no ha brindado un informe acerca del paradero del dinero incautado al guatemalteco y a los dos salvadoreños.
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