Casi todos los partidos tienen sus pecados, el Liberal y el Conservador entre ellos, si bien uno solo se lleva el peso de la culpa, el PIN. Bajo su paraguas acoge a los desechables de todas las formaciones políticas. Nada les une sino la necesidad de contar con un aval para concurrir a los comicios. Y como se trata de una organización donde no hacen preguntas ni miran pasados, se ha convertido en el refugio de un buen número de personas que cuentan con poderío electoral en sus regiones pero con estigmas y tufillo de corruptos o parapolíticos. Tienen lo necesario para llegar al Congreso, dinero, dinero, dinero, que diría Napoleón, y ningún pudor.
El rey de la pandilla, el símbolo que congrega la mayoría de las críticas es Héctor Julio Alfonso, hijo de “La Gata”, Enilce López, una famosa y poderosa empresaria del juego, acusada de corromper conciencias y de mantener nexos con las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia. La señora, que manda mucho en la Costa Caribe donde levantó su imperio, actúa de forma discreta para no perjudicar a su retoño. Aunque los optimistas aseguran que no obtendrá una curul, los realistas apuestan todo a que la conquistará sin problemas a golpe de talonario.
También les irá bien a quienes juegan en nombre de sus patrones, algunos presos en la cárcel capitalina La Picota donde acuden a recibir instrucciones, como un concejal bogotano, el polémico Álvaro Caicedo. Es ficha de Luís Alberto Gil, destacado senador uribista en los primeros años, ahora tras las rejas en espera de sentencia por alianzas con los paramilitares. Pero en Santander conserva influencia suficiente para conseguir unos votos.
Y si bien el foco lo concentra el PIN, los liberales tienen como estrella a Arleth Casado, esposa de un condenado por aliarse con Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, hoy preso en Estados Unidos. Es imposible negar sus amistades peligrosas, pero la señora pone demasiados votos y es amiga de los dirigentes capitalinos, razones ambas de peso para perdonarle y mantenerla en las listas.
La Defensoría del Pueblo ya advierte que en 67 municipios el riesgo de corrupción el próximo domingo es latente por la compra de votos, en especial en los departamentos del norte del país. “Pueden pagar entre 30.00 y 50.000 pesos por voto (15 o 25 dólares) además de una cifra para el líder que los consiga”, le explica a elmundo.es un candidato del cesar que no quiere dar su nombre, como todos lo que hablan con este diario.
Pero no solo adquieren sufragios al por menor. Los aspirantes a Senado más acaudalados pagan cantidades jugosas –doscientos millones (100.000 dólares)- a varios candidatos a Congreso para que le hagan el trabajo.
“Es espantoso y descorazonador lo que está ocurriendo. Uno mira los avisos de Mazeneth, que es ficha de Trino Luna, (ex gobernador del Magdalena condenado por parapolítica), y que está apoyado por Hernando Molina (ex gobernador del Cesar, acusado de lo mismo, en espera de sentencia) y sabe que puede salir. Ese Congreso será lo mismo”, comenta un votante de Valledupar que, como todos los consultados, pide omitir su nombre.
No es extraño que tomen precauciones en regiones donde mandaron los paramilitares. El mismo estudio citado de la Defensoría del Pueblo señala que en 168 municipios hay riesgos de constreñimiento electoral y en otros 141, amenazas a candidatos y funcionarios que tengan que ver con el proceso electoral.
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